Admite Cancillería “desaparición forzada” de los 43 normalistas

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MÉXICO, D.F. (apro).- Al presentar hoy un informe ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, admitió que la tragedia de Iguala representó un caso de “desaparición forzada” –es decir, crimen en que estuvieron implicados agentes del Estado mexicano–, pero urgió al comité a “ir más allá de la crítica” al poner en contexto la situación de los derechos humanos en México.

“Vale la pena recordar de dónde venimos y, sin triunfalismos, apreciar lo que la sociedad y las instituciones públicas en México hemos avanzado a lo largo de poco más de tres décadas”, declaró el embajador en Ginebra, Suiza, al urgir a “cualquier organización internacional de derechos humanos” a privilegiar el diálogo y “evitar incurrir sólo en la descalificación”.

En tono defensivo, culminó su discurso al llamar al comité a “actuar con sentido de responsabilidad, de diálogo y cooperación con aquellos Estados que voluntariamente decidimos asumir las obligaciones derivadas de la Convención (para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada)”.

Visiones antagónicas

A través del informe que entregó hoy la representación de México en Ginebra, el gobierno de Enrique Peña Nieto respondió a cada una de las 25 preguntas que emitió el comité el 20 de octubre pasado para que el Estado precisara sus formas de luchar contra la desaparición forzada.

En contraste, organizaciones de la sociedad civil proporcionaron sus propias respuestas a algunas observaciones del comité para exponerle su visión sobre las medidas implementadas por el gobierno mexicano.

El “informe alternativo” subraya ciertos huecos en la lucha contra la desaparición forzada desplegada por la gestión de Peña Nieto y concluye sobre “la emergencia para que el Estado mexicano deje de minimizar la crisis de las desapariciones de personas que atraviesa México y dé muestras contundentes de voluntad política, a través de medidas para superar las deficiencias técnicas en materia de investigación y búsqueda”.

Así, cuando el gobierno dijo al comité que existen desde abril pasado varias iniciativas legislativas y el exhorto del propio Peña Nieto para la creación de una Ley General contra la Desaparición Forzada, un conjunto de 13 ONG precisó que “no se ha adoptado ninguna iniciativa” y además denunció que la sociedad civil no ha participado en la redacción de ninguna de esas propuestas.

En su intervención, el embajador Robledo recordó las 10 medidas para “mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho en México” que anunció Peña Nieto a finales de noviembre.

En su informe alternativo, las ONG calificaron estas medidas de “preocupantes”, ya que “tienen que ver nuevamente con la militarización y la seguridad de todo el país mediante la creación de un mando único, más que con el tema principal de realizar la búsqueda de los miles de desaparecidos”.

Y concluyeron que el decálogo peñista deja fuera “aspectos fundamentales” en materia de derechos humanos, como un plan nacional de búsqueda en vida, el fortalecimiento de las labores periciales, la transparencia en la información o el fortalecimiento de las autoridades responsables de las investigaciones.

En algunos casos concretos, las interpretaciones del gobierno y las de las ONG son muy diferentes. Por ello, el comité considerará las distintas versiones de una misma realidad en el momento de emitir sus observaciones al gobierno mexicano para que éste cumpla con todas las disposiciones de la Convención.

En su informe, por ejemplo, el gobierno asegura que mantiene actualizado, con una “depuración permanente y activa”, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Renped), el cual puede consultarse en línea.

No obstante, las ONG plantearon que “en diversas ocasiones y después de varios intentos desde diversas computadoras, en la mayoría de las veces no fue posible acceder al Renped”, mientras que cuando lograron ingresar al portal, “más de la mitad de sus casos no se encuentran registrados”.

También aseveraron que la definición de “personas no localizadas” vigente en la ley es vaga y “excluye los casos de secuestro, a pesar de que muchos casos de personas desaparecidas son clasificados de esta manera y por lo tanto no están reflejados en las cifras de personas no localizadas”.

Asimismo, las ONG señalaron que la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Extraviadas “no ha tenido los resultados esperados”, ya que según ellas únicamente localizó a 86 personas –102, según el gobierno–, y denunciaron que el gobierno recortó el presupuesto de la unidad “en al menos 63%”.

En su informe, la administración peñista planteó que desde la reforma al Código de Reforma Militar, en junio pasado, el fuero castrense ha dejado de tener competencia para investigar presuntos hechos cometidos por militares, e informó que entre 2012 y 2014 se turnaron mil 211 averiguaciones previas de la justicia militar a tribunales civiles.

Si bien las organizaciones reconocieron y saludaron la reforma, advirtieron al Comité de la ONU que la masacre de Tlatlaya y su encubrimiento por parte de la institución militar revelaron la ausencia de “controles civiles efectivos” en el seno del Ejército.

En el olvido, la “guerra sucia”

El Comité de ONU pidió en octubre al gobierno mexicano que desglosara las acciones que emprendió en búsqueda de las personas desaparecidas durante la “guerra sucia”.

La administración de Peña Nieto dijo que contaba con 252 averiguaciones previas abiertas, a raíz de las cuales realizó entrevistas a militares de alto rango, escaneos de subsuelo en distintos lugares, labores de excavación y elaboración de perfiles genéticos. Al final, admitió, sólo “se localizó a dos personas gracias a estas acciones”.

Las organizaciones lo resumieron de otra forma: “Los avances en las investigaciones siguen siendo nulos”.

Y recordaron que la administración de Peña Nieto sigue sin reconocer la competencia del comité para recibir casos de integrantes de la sociedad civil víctimas de desaparición forzada, a pesar de que este reconocimiento queda plasmado en la Convención, la cual entró en vigor en México en diciembre de 2010.

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