Caso Ayotzinapa revela descomposición institucional y social, alertan empresarios

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MÉXICO, D.F. (apro).- El caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, se está convirtiendo en “un revulsivo” que revela “con la mayor crudeza la descomposición institucional y social imperante en algunas regiones del país”, alertó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Al dar a conocer su mensaje semanal, el organismo presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani fue más allá al decir que esta situación también muestra el “déficit endémico del estado de derecho en regiones donde las estructuras de gobierno están penetradas o capturadas por la delincuencia”.

Es por ello que la cúpula empresarial exigió a las autoridades encontrar a los 43 normalistas y que no haya impunidad, como ocurre con gran parte de los delitos que se cometen en nuestro país.

Para el CCE, la violencia y la inseguridad se encuentran en un punto crítico, al grado que ponen en riesgo las “reformas estructurales” implementadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De hecho, los empresarios consideraron como una prioridad impostergable el afianzamiento de la gobernabilidad democrática y “el imperio de la ley en todos los rincones del país”. Y llamaron a no posponer más un pacto en contra de la corrupción y la impunidad.

Enseguida, el CCE planteó cinco puntos:

El primero es el esclarecimiento de los hechos en contra de los normalistas y que se castigue a todos los culpables. “Amerita la creación de una comisión ciudadana para que apoye el trabajo de los responsables de las investigaciones y el resultado de las mismas”, señaló.

Luego está la creación de un sistema nacional contra la corrupción, fuerte y efectivo, que articule esfuerzos; con recursos y “dientes” para prevenir y detectar a tiempo actos de corrupción; que asegure el castigo, con mecanismos seguros de denuncia y protección a testigos, y la recuperación de lo defraudado a la nación o a los particulares.

En tercer lugar, la cúpula empresarial vio necesario reformar “la seguridad democrática” y crear una estrategia para blindar las elecciones del 2015 de la infiltración de delincuentes y personajes corruptos.

Una prioridad sería la revisión objetiva de los avances y rezagos, los aciertos y fallos de la estrategia y el sistema de seguridad pública vigentes. Esto, con objeto de enriquecer y reforzar lo que sea necesario. Sobre todo, es preciso renovar compromisos de todos los responsables y fortalecer la coordinación interinstitucional.

Por último, dar pasos en la generación de una agenda de fortalecimiento institucional para consolidar el estado de derecho, que necesariamente debe incluir la reforma, en las leyes y sobre todo en las prácticas, del sistema de procuración e impartición de justicia.

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